15 de diciembre de 2016

Ley para prohibir el Fracking. Presentación de Uruguay Libre en Diputados



(Sesión del día 14 de diciembre de 2016)
SEÑOR PRESIDENTE (Julio Battistoni).- Habiendo número, está abierta la sesión.
            (Es la hora 9 y 30)
(Ingresa a Sala una delegación de Movimiento Uruguay Libre)
––––La Comisión de Industria, Energía y Minería tiene mucho gusto en recibir a una delegación de Movimiento Uruguay Libre, integrada por la señora Ana Filippini, el señor Hernán Taró y el señor Raúl Viñas, que concurre a brindar insumos acerca del fracking, motivada por la presentación de algunos proyectos de ley.
            Nos excusamos por la demora en recibirlos, pero hemos tenido algunos problemas de funcionamiento.
SEÑOR VIÑAS (Raúl).- Lo que nos trae hoy son los proyectos de ley de fracking que se están tratando en la Comisión y en el Parlamento. En la última sesión de este año de la Comisión queremos hacer una presentación en cuanto a cómo se ha tratado el tema en las diferentes etapas que ha tenido.
            Lo primero a destacar es que no se ha presentado ningún caso en el cual el fracking no haya generado problemas. Eso deja en claro que no es una tecnología muy segura.
            Vayamos a por qué pensamos que tenemos que prohibir el fracking en el Uruguay. Para eso tenemos que ver cómo comenzó el tema del petróleo en nuestro país. En esta imagen vemos claramente lo que fue el comienzo del asunto petrolero en nuestro país. La información de la Agencia de Información de Energía de Estados Unidos marca al norte de nuestro país como una zona en la cual podría haber hidrocarburos no convencionales. Si hacemos un acercamiento a la zona vemos cómo la parte norte de nuestro país está incluida. Esto dio como resultado un informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos que fue muy publicitado, utilizando inclusive datos de Ancap. En ese informe se hablaba de las zonas en las que se podría concentrar gas natural y petróleo del tipo no convencional en nuestro país.

           Reitero lo de no convencional. Ninguna de las informaciones que aparecieron desde los Estados Unidos hablaba de petróleo convencional en nuestro país. El no convencional implica la utilización del fracking. En la comparación entre el mapa del Servicio Geológico de los Estados Unidos y las zonas que se licitaron en nuestro país para la exploración petrolera ‑declaradas como posibles de obtener hidrocarburos no convencionales, que necesitan fracking para ser extraídos‑ vemos una clara coincidencia.
            Complementando esto, hubo presentaciones de técnicos de Ancap. Por ejemplo, Héctor de Santa Ana, gerente de Exploración y Producción de Ancap, dio un título que tenemos a la vista: "Oportunidades de negocios en hidrocarburos no convencionales en el país". Hasta que se pensó en prohibir el fracking, siempre se habló de que los hidrocarburos en nuestro país eran no convencionales. Ante esto vemos la coincidencia entre la zona de posible existencia de petróleo e hidrocarburos no convencionales y la zona afectada por el acuífero guaraní, razón de más para protegerlo.
            En el país ya se hicieron algunas cosas. Hubo iniciativas departamentales en Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y Rocha que prohíben a nivel departamental el fracking, utilizando para ello los medios que les da la Ley Nº 18.308 de ordenamiento territorial, y específicamente establecen la protección del ambiente.
            ¿Qué nos faltaría en el marco legal? Que se apruebe lo que está a estudio: la ley a nivel nacional prohibiendo el fracking. Hay que tener en cuenta que la prohibición siempre puede ser levantada en caso de que apareciera algún cambio en la tecnología. Así como se establece una ley que lo prohíbe, si apareciera un cambio, seguramente el Parlamento tendrá la oportunidad de volver a tratar el tema y, si es necesario, de autorizarlo.
            En las diferentes reuniones de la Comisión se ha analizado la posibilidad de establecer una moratoria. La moratoria es una prohibición con plazo, con la diferencia de que en lugar de tratar el tema en el momento en que la tecnología dé un vuelco y sea amigable o segura, nos obliga a tratarlo en un momento determinado. Con esto se abre un espacio que da lugar a presiones empresariales de multinacionales petroleras, que seguramente sean difíciles de sobrellevar para un país como el nuestro.
            Reitero que no se han presentado casos en los que no haya habido problemas ambientales.
SEÑOR TARÓ (Hernán).- Queremos hacer algunos comentarios apoyándonos en los que han realizado los académicos que han visitado esta Comisión.
            En la anterior sesión en la que participamos nos cuestionamos para qué explotar los hidrocarburos. La realidad global, los compromisos asumidos por los ciudadanos responsables de este planeta y el cambio que ya ha tomado nuestro país en temas energéticos deberían ser razones suficientes para no gastar ni un minuto más en esta polémica.
            Sabemos que prescindir de los hidrocarburos no es lo más grave del capítulo fracking en Uruguay. Nuestra mayor preocupación, lo que no admite la menor discusión, es que el agua es un recurso vital, preciado, escaso; es preocupación de todos los estamentos y objeto de políticas públicas. No admite la menor discusión que el recurso agua, por decir lo menos, corre riesgo si no se prohíbe la utilización del fracking. Nos remitimos a lo que ha comentado aquí la Sociedad Uruguaya de Geología, que define claramente ‑lo que veíamos en el plano; ellos también usaron una imagen‑ que cualquier pozo que se quisiera hacer para llegar a una roca u otras, necesariamente tiene que atravesar el Acuífero Guaraní. Primer punto de aclaración, al cual nos remitimos.

            En nuestra visita a esta Comisión expresábamos a título de comentario que habíamos leído sobre la sismicidad inducida que provoca el fracking. La doctora Leda Sánchez, autoridad académica en el tema geología, confirma en su intervención en este ámbito, el efecto de sismicidad inducida. Otro académico de la Sociedad Uruguaya de Geología, Claudio Gaucher, junto con el doctor Mauricio Montaño, afirman que otro de los puntos es la sismicidad inducida. Decían que en Estados como Oklahoma y Kansas pasaron dos cosas muy interesantes. Desde que comenzó la fracturación hidráulica aumentaron en un 50% los sismos. Por otro lado, se registraron los sismos más grandes de la historia: en Oklahoma, de 5,7, y en Kansas, de 4,9 de la Escala Richter. Si bien, decían, no son sismos enormes, no son muy importantes, se puede decir que en la comunidad científica actualmente hay consenso de que en estos casos se trata de sismos inducidos. No cabe la más mínima duda del riesgo que estaremos corriendo si se aplica esta práctica en el ámbito ya definido.
            Los académicos de la Sociedad de Geología comentaron, describiendo la técnica y el uso del agua en el fracking, que parte de los químicos inyectados pueden volver como reflujo junto con elementos de la roca fracturada.

            Los representantes de la Asociación de Licenciados en Geología del Uruguay, ALGU, expresaron que el 99,5% del líquido utilizado para el fracking es agua y que el 0,5% restante son mezcla de productos químicos. La Sociedad Uruguaya de Geología afirma que esos químicos son del orden del 0,5% al 2%. Estaríamos eventualmente cuadriplicando la dosificación. Se trata de un cóctel de químicos como ácido clorhídrico, sal, metano, etanol, y otras sustancias muy complicadas como el benceno, el naftaleno, la poliacrilamida, el butoxietanol, productos cancerígenos y algunos muy difíciles de quitar del ambiente una vez que se derraman.
            Ahora les vamos a demostrar con una prueba sencilla, de preparatorio o de tercero de liceo, qué pasa cuando, a esa agua clara y cristalina, se le agrega solo el 0,5% de un químico. Tal vez lo hayan hecho en el liceo; lo trajimos para recordarlo. Estamos hablando del 0,5%, que eventualmente sería el mínimo que usaría la tecnología del fracking, que es diez veces mayor que la carga máxima de contaminantes aceptada en el Código de Aguas. Estaríamos cometiendo una infracción diez veces superior a la que permiten las actuales reglamentaciones.
            Reafirmando todos estos antecedentes y, en esta oportunidad, certificados por los académicos que han visitado esta Comisión, diremos lo siguiente. Ante lo obvio, hay dos opciones: sacralizar la tecnología y la capacidad de fiscalización del Estado o tener un mínimo sentido común y no arriesgar lo que es una certeza, un recurso comprobado ‑que debemos proteger‑, como el agua.
SEÑORA FILIPPINI (Ana).- Quiero recalcar el derecho que tenemos las personas al ambiente saludable. En estos días la sociedad uruguaya ha tomado conciencia de que todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano y al agua, algo que en generaciones pasadas y en décadas pasadas era bastante más difícil de asumir. Se ha tomado conciencia de esto en todos los países. Hoy en día se habla de los derechos de tercera generación, que es una forma complicada de nombrar a lo que también se denomina los derechos de los pueblos. Los derechos de los pueblos son fundamentales e incluyen el ambiente, la paz, la relación de las personas y los derechos de las personas a tener un ambiente sano y a tener agua. Eso que hoy parece algo muy natural, ha costado décadas tenerlo en la legislación.
            Este es un país agrícola-ganadero que debe la mayor parte de sus ingresos a esa actividad y al turismo. En la zona donde se piensa llevar a cabo fracking existe gran cantidad de agua y se depende de ella. Lo hemos mencionado aquí pero conviene recordarlo: la ministra de Turismo ha dicho que gran parte de los ingresos del país proviene de la zona de Salto y de Paysandú, donde el recurso agua es fundamental para que ingrese ese dinero. Esto no solamente importa por el ingreso de dinero; debemos pensar en la preservación del ambiente y la gran mayoría de las personas de esos departamentos y de la sociedad así se han manifestado.
            Hoy en día los ciudadanos tenemos conciencia de que esos bienes son fundamentales para el futuro y es necesario que los legisladores la tengan para poder legislar en consecuencia. La legislación uruguaya nos permite hacer ese tipo de cosas porque ya está previsto que los bienes importantes, que están en el ambiente y en el agua, deben ser preservados. Existe una declaración de interés general que, a través de la Constitución, brinda la posibilidad de llevar a cabo este tipo de medidas de prohibición de una tecnología que los va a afectar. Es totalmente posible, es constitucional, es legal y es una obligación de los legisladores legislar para que se cuiden y se protejan el ambiente y el agua. Están todas las herramientas dadas en la Constitución y en las leyes que ya se han adoptado.
            Por ejemplo, la Ley N° 17.283 marca punto a punto todas las definiciones que hay sobre la protección del ambiente y, fundamentalmente, todas las que los legisladores y las legisladoras deben tener en cuenta a la hora de legislar. Por eso solicitamos que, de acuerdo con esta conciencia ciudadana y con este poder que tiene la ciudadanía de reclamar por la protección de los bienes comunes, se promulgue una ley de prohibición de fracking.
            Hoy, una ley de prohibición de fracking nos aseguraría no tener un conflicto con la sociedad, no tener un conflicto local, no generar expectativas en las empresas. Lo han manifestado juristas internacionales: antes de que las empresas hagan las propuestas hay que ponerles el marco legal adecuado para que no surjan conflictos. O sea, la única medida que en este momento en el Uruguay pueden tomar los legisladores y las legisladoras es prohibir esta tecnología para que no se utilice mientras no exista la posibilidad de desarrollarla sin tener los impactos negativos ya comprobados. Hay cantidad de ejemplos en el mundo del impacto que tiene; existen estudios ‑como los que nosotros ya presentamos‑ realizados en el Estado de Nueva York por parte de científicos y médicos preocupados por el ambiente, que llevaron a que en ese lugar se prohibiera el fracking. Hay países que han prohibido el fracking y a nivel nacional ya hay intendencias que lo han prohibido habilitadas por la ley de ordenamiento territorial, porque a nivel nacional es el Estado, es el Parlamento, son los legisladores los que deben velar por el ambiente; o sea que es nada más que escuchar a los ciudadanos.
            Para terminar, voy a repetir lo que dijo el señor presidente Tabaré Vázquez en la Argentina: la política hoy debe ser de y para los ciudadanos. Tenemos que escuchar lo que manifestó el presidente Vázquez sobre el fracking: que no se realizará en Uruguay. La señora ministra de Industria, Energía y Minería lo apoyó y actualmente también tiene en la mira esta política de y para los ciudadanos.
            Muchas gracias por este tiempo.


SEÑOR PRESIDENTE.- La Comisión de Industria, Energía y Minería les agradece su presencia y les solicita si le pueden dejar las presentaciones.
(Se retira de sala la delegación del Movimiento Uruguay Libre)

8 de diciembre de 2016

ZONAS FRANCAS, el dedo en la llaga.

Nuestro país ha tenido zonas francas desde hace casi 100 años.

Igualmente, la herramienta de las zonas francas en el mundo es mucho mas antigua y podemos rastrearla en diferentes formas incluso al imperio romano, a algunas ciudades y enclaves en la edad media, y más cerca en el tiempo a numerosos ejemplos especialmente en el imperio británico como Singapur, Gibraltar y Hong Kong.
En el Siglo XX aparecen las primeras zonas francas que incorporan  industrialización, las que en algunos casos como Irlanda, Corea del Sur y Taiwán sirvieron como disparadores de procesos industriales a nivel nacional en base a la incorporación de inversiones y tecnología.

El establecimiento de zonas francas se ha disparado en los últimos años. A nivel mundial eran  menos de 80 en 1975. Hoy hay más de 2500 de ellas, 179 en los Estados Unidos.

A nivel del Mercosur Brasil tiene 22, Argentina 10, Paraguay 2 y Uruguay 11.

En nuestro país las primeras zonas francas se crearon en el marco de la Ley 7593 de 1923, y lo fueron con el propósito manifiesto de desarrollar polos industriales fuera de Montevideo. Son de este primer impulso las zonas francas de Colonia y Nueva Palmira. La legislación que regula a las zonas francas se reformuló en 1987 con la ley 15921 y su decreto reglamentario de 1988.

De acuerdo con el Código Aduanero de la Ley 19276 promulgada en setiembre de 2014, las mercaderías que ingresan desde nuestro país a las zonas francas son exportaciones y si se ingresa al territorio nacional mercadería desde una zona franca, estas son a todos los efectos importaciones.

De manera similar, los intercambios de mercaderías hacia los países del Mercosur desde las zonas francas, son considerados de extrazona y sujetos al pago del arancel externo común. Eso salvo para el caso de mercaderías originarias de los países del bloque y cuyo pasaje por la zona franca no altere su denominación arancelaria, o sea que solo implique temas logísticos.

Queda así definido el régimen y claramente no es correcto considerar a las ventas de mercaderías desde una zona franca de Uruguay hacia otros países como exportaciones uruguayas. Esto es demostrable por el absurdo si consideramos que la compra de algún producto de zona franca por parte de una empresa uruguaya configura una importación y no podría ser simultáneamente una exportación de Uruguay hacia Uruguay.

Las zonas francas en nuestro país se pueden clasificar en industriales, comerciales y de logística, de servicios, y mixtas.  Considerando los datos de 2015, los diferentes tipos de zonas francas presentan impactos muy disimiles en términos de empleo generado, compras al Uruguay y valor de sus ventas al exterior.

En términos de empleo, más del 50% de los casi 14000 puestos de trabajo corresponden a “Zonamérica” que es del tipo mixto y si agregamos las zonas francas de servicios de “Aguada Park” y “WTC free zone” se definen el 75% de los empleos generados por las zonas francas en Uruguay.

Las zonas francas industriales de UPM en Fray bentos y Montes del Plata en Punta Pereira solo emplean en conjunto algo menos del 10% (1.373 empleos) y el resto, unos 2.000 empleos, se distribuye en las otras 6 zonas francas.

Si consideramos los niveles exportaciones de bienes desde el territorio nacional a las zonas francas, de acuerdo a informes de Uruguay XXI disponibles en su web, las exportaciones a las zonas suman 1470 millones de dólares y la principal compradora es la zona de Nueva Palmira, destino de más de la mitad de esas exportaciones.

Las zonas francas industriales celulósicas de UPM y Montes del Plata compraron al Uruguay en 2015, 589 millones de dólares, 40% del total. De ellos 570 millones fueron por compras de madera y de los restantes 19 millones, 10 fueron de Fuel Oil comprado a ANCAP y solo 9 de otros productos o insumos producidos en Uruguay.
 
Analizando las ventas desde las zonas francas al exterior, siempre de acuerdo a los informes de Uruguay XXI, esas ventas suman más de 2.700 millones de dólares lo que indica incremento por sobre las compras realizadas en Uruguay de 1230 millones de dólares de los que 550 son de la zona industrial de Colonia (Pepsico) y  650 de las plantas de celulosa.

Para conocer el nivel de ganancia y el volumen de valor agregado de los procesos industriales de esas zonas sería necesario conocer el valor de las compras de esas zonas en otros orígenes, lo que no es posible porque esas compras no ingresan al territorio aduanero y así no se registran en la aduana. Por otra parte sería un ejercicio inconducente porque esas empresas no pagan impuestos sobre sus rentas.

Asimismo, los datos disponibles en Uruguay XXI y en la Dirección Nacional de Aduanas no incluyen las ventas de electricidad a UTE que se hacen desde las zonas francas celulósicas, las  que seguramente incrementan su rentabilidad, en especial porque tampoco pagan impuestos sobre esas ventas.

Todo lo anterior hace un poco difícil justificar la inclusión de las ventas de las zonas francas como exportaciones de Uruguay, tal como aparecen generalmente, incluso en declaraciones oficiales donde a menudo se incluye la venta de pasta de celulosa por parte de UPM y Montes del Plata como el segundo renglón en importancia entre las “exportaciones “ de Uruguay solo por debajo de la carne bovina.

Eso igualmente no descalifica al mecanismo de zonas francas como una herramienta para incentivar la inversión y la utilización de mano de obra nacional como dice la ley de zonas francas de 1987.

Ciertamente ese ha sido el caso de algunos países, donde el establecimiento de zonas francas ha llevado nuevas actividades como el mantenimiento aeronáutico a Irlanda o repuestos automotrices a Malasia. Tal sería el caso en Uruguay de algunos emprendimientos en el área de servicios e incluso del emprendimiento de Pepsico en Colonia excepto porque  desde su establecimiento este último no ha tenido ningún efecto multiplicador y solo compra de Uruguay menos del 5% del valor declarado de sus ventas.

Caso aparte es el uso de la herramienta de las zonas francas para el procesamiento sin ganancias para el país de rubros en que el Uruguay tiene ventajas naturales como es la producción de algunos alimentos y en los últimos años de la mayor parte de la producción forestal.
Específicamente el establecimiento de la base forestal que tanto enorgullece a algunos y por la cual se autoasigna crédito todo el sistema político, costó a nuestro país mucho dinero en subsidios y mucho más en renuncias fiscales. Eso sin entrar en la discusión sobre la pérdida de puestos de trabajo, degradación de los recursos hídricos y otros costos sociales y ambientales que se asocian con los monocultivos de árboles.

Así, procesar esos productos en régimen de zonas francas priva al país de la posibilidad de recuperar esos costos en la  forma de los impuestos que esa actividad pagaría de realizarse en el régimen normal. Un “argumento” para justificar la asignación de zonas francas es que de otra manera esa actividad sería realizada en otro país, lo que realmente no es muy diferente a que se haga en régimen de zona franca.

Hoy cuando se plantea incrementar la producción de pasta de celulosa en régimen de zona franca y cuando se habla de autorizar ese régimen para un emprendimiento que procesaría pescado, cabe preguntarse porque se deben de otorgar esos beneficios en el procesamiento de productos en los que tenemos disponibilidad local y evidentes ventajas comparativas.

Aquí es válida la pregunta en mi columna de agosto (1):
¿Que sucedería si los frigoríficos se establecieran como zonas francas?
Y agrego ahora:   
¿Cómo se podría justificar eso?
__________________________________________

(1)  ( http://eltelescopio.com.uy/la-pasta-base-de-la-economia/ ) :

28 de noviembre de 2016

Entrevista en Radio El Espectador



Raúl Viñas, integrante del movimiento Uruguay Libre de Megaminería, dijo en La Mañana de El Espectador que la técnica de extracción de petróleo denominada fracking debe ser prohibida y que en la Cámara de Diputados se está trabajando para eso. Además, aseguró que utilizar petróleo para los vehículos es ineficiente.
Viñas se refirió a que es "absolutamente ineficiente quemar petróleo en un vehículo".
A modo de ejemplo, explicó: "Cuando yo quemo nafta en mi auto estoy obteniendo menos de un 8% de energía verdaderamente para trasportarme. Si quemo ese mismo petróleo en una central térmica para producir energía eléctrica, la eficiencia es del 33%". De esta manera, concluyó que generar energía eléctrica para mover autos es cuatro veces más eficiente, aun usando petróleo. "Uruguay tiene que ir en materia de transporte hacia una matriz eléctrica", aseguró.
En relación a la modalidad de extracción de petróleo denominada fracking, Viñas dijo que se está trabajando en el apoyo a los proyectos de ley que establecen su prohibición, que están siendo estudiados actualmente en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados.
"Los pocos que se oponen a prohibir el fracking en nuestro país no tienen realmente argumentos", aseveró, y añadió que si los líquidos que deben ser inyectados en la técnicas de fracking fueran vertidos a un río o arroyo sería impuesta una multa, porque éstos superan los contenidos de contaminantes que se permiten en nuestro país.
Con respecto a las declaraciones de la ministra de Industria Carolina Cosse, quien aseguró que el fracking "no está en los planes futuros" del gobierno, Viñas se refirió a que el fracking no se encuentra en los planes de este gobierno pero que no está prohibido en los contratos que ya se firmaron con las petroleras del año 2012.
"Cuando se habla de petróleo no convencional estamos hablando de hacer fracking", sentenció.
Al ser consultado respecto a las mejoras que se menciona ha tenido la técnica, y que volvería a su impacto casi neutro, Viñas dijo que efectivamente la técnica mejoró pero con el objetivo de ser más eficiente en la extracción del petróleo y no para reducir el impacto ambiental.
El activista aseguró que en los departamentos del norte del país como Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó y algunos del sur como Rocha, el fracking ya ha sido prohibido a nivel departamental.
"La base principal es que si no se puede hacer en superficie tampoco se puede hacer bajo la tierra", concluyó, y reconoció que entre los legisladores la respuesta ha sido "muy buena en todos los partidos".

6 de octubre de 2016

¿Cambios en la matriz energética o ELÉCTRICA?

NOTA DE HOY EN BUSQUEDA.

Buena reseña que muestra que cerca estuvo Uruguay de tomar la senda nuclear para la generación de electricidad.

Paralelamente, esta claro que la revolución en la matriz eléctrica no alcanzó otros sectores de la matriz energética. Si bien no está en la nota, las importaciones de petróleo lejos de disminuir aumentan año a año reflejando el incremento de consumo de algunos sectores que aún esperan la necesaria transformación hacia las fuentes renovables de energía.

Sigamos pensando hacia 2035

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El cambio de matriz energética que sacó al país de vivir en crisis permanente a ser “el caso Uruguay” que copian en el exterior

Por Raúl Santopietro

Cuando Uruguay estuvo a un megavatio (Mw) del corte de luz en todo el país el Frente Amplio ya estaba en el poder. Era invierno de 2008. La demanda había crecido de manera constante, Daniel Martínez era el ministro de Industria, Energía y Minería y los 1.500 Mw de energía eléctrica disponibles no alcanzaban. Al punto de que el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, recuerda que se prendieron todos los motores de arranque en La Tablada, una pequeña máquina que apenas generaba dos megavatios. Bastaban unos 400 hogares que elevaran su consumo en esos días y el gobierno tendría que enfrentar un corte de luz a nivel nacional o, en el mejor de los casos, programar qué zonas dejar sin luz mientras bajaba la demanda.
Eso fue apenas hace ocho años, hoy el escenario es otro. Parques eólicos repartidos en Tacuarembó, San José, Treinta y Tres, Flores y Maldonado; plantas fotovoltaicas en Salto y cientos de emprendimientos de biomasa por todo el país.
Hoy Uruguay puede consumir el 100% de su energía eléctrica con origen en energías renovables, un caso único en el mundo y un ejemplo para países como Canadá o Alemania. En este escenario los cortes eléctricos se dan por accidentes puntuales como que los nidos de los caranchos provoquen un cortocircuito.

Ruedas para arriba. 

La situación era de catástrofe. La crisis económica de 2002 pegó fuerte en los números del Estado y las inversiones pagaron el precio. Ya en 2003 expertos en temas energéticos, como el ex presidente de Ancap, Andrés Tierno Abreu, veían la amenaza de “un colapso del suministro de energía”. A la falta de inversiones en generación propia se sumaba la dependencia con Argentina. La demanda crecía y la energía cada vez alcanzaba menos. Hasta que en 2004 la situación estalló. Argentina, aún más afectada por la crisis, cortó el suministro hacia afuera para abastecerse a sí misma. “Quedamos con las ruedas para arriba”, recuerda hoy a Búsqueda Casaravilla.
Jorge Batlle, presidente en aquél entonces, no tuvo más remedio que poner a pleno toda instalación capaz de generar energía. En marzo de 2004 se pusieron en marcha dos unidades de la Central Batlle y la planta de La Tablada que funcionaban a fueloil y a gas-oil a un altísimo costo, hasta el triple de los U$S 25 el megavatio por hora que se pagaba a Argentina. En un solo día se consumieron 2 millones de litros de combustible; en dólares unos 500.000, que a lo largo de los primeros cuatro meses llegaron a U$S 52 millones. En 2003 el gasto en combustible para centrales térmicas había sido U$S 28 millones en todo el año.
La situación era muy complicada. No había de dónde generar la energía y salir a buscarla de apuro desangraba la endeble economía. Se venía el invierno. Por aquél entonces, sin que llegaran los aires acondicionados a los hogares, el pico de consumo se daba en la nochecita. El parche fue comprarle 70 Mw a Brasil a U$S 50, el doble que se pagaba a Argentina, pero la generación propia seguía sin ser resuelta. Por aquél entonces la discusión era si subir tarifas o racionalizar el consumo. En plena campaña electoral ninguna de esas medidas eran seductoras para atraer votos, y no se aplicaron.
En octubre de 2004 Tabaré Vázquez fue electo presidente y el Frente Amplio llegó al poder por primera vez en su historia. Sobre sus hombros caía la crisis energética aún no resuelta, por lo que al inició del mandato creó un comité de crisis energética que barajara las diferentes opciones. Era claro que debían hacer algo aunque no estaba claro qué. Se planteó hasta un gasoducto que abasteciera siete países, liderado por la Venezuela de Hugo Chávez, aprovechando la afinidad ideológica con otros gobiernos de izquierda en la región. No sucedió.
A contrarreloj y con la meta fijada en evitar cortes programados a toda costa, el gobierno hizo una inversión relámpago y construyó la central de Punta del Tigre, que se inauguró en 2006 con una capacidad de 200 Mw y un costo estimado de U$S 100 millones. Fue una obra para salir del apuro y sin tener claro si el camino a seguir era el de la generación térmica.

El efecto Fukushima. 

El riesgo de sufrir apagones seguía latente. Comprar energía a Argentina o Brasil destrozaba la caja del Estado y la necesidad llevó en 2006 al entonces ministro de Industria, Jorge Lepra, a plantear una salida que pocos manejaban: instalar una planta nuclear.

Uruguay estuvo cerca de tomar ese camino. Los ex presidentes colorados, Batlle y Julio María Sanguinetti, y el blanco, Luis Alberto Lacalle, lo respaldaron e incluso el vicepresidente de UTE en aquél momento a Pedro de Aurrecoechea, decía que era hora de pensar en una planta atómica. “Los combustibles fósiles están destinados a desaparecer. “¿Generación hidráulica? Estamos topeados. ¿Eólica? Es cara y no es firme. ¿Gas natural? También está acotado en el tiempo y no es transportable. ¿Carbón? Es una posibilidad. ¿Qué nos va quedando? El uranio, cuyas reservas dan para siglos”, decía. (Búsqueda Nº 1.358).
Mientras se discutía, la demanda crecía cerca del 4% cada año. En marzo de 2008 Martínez pasó a ser el ministro de Industria, un ingeniero industrial defensor a ultranza de diversificar la matriz energética. Con el petróleo por las nubes —a U$S 110 el barril en aquél entonces—, Martínez estaba a favor de una planta nuclear (Búsqueda Nº 1.449).

La idea contaba cada día con más adeptos y Vázquez creó una comisión de expertos en energía atómica para dar pasos con fundamentos científicos. El presidente designó al entonces director de Energía, Ramón Méndez, para liderar el equipo que analizaba la viabilidad de un reactor a uranio. Pero Méndez, un doctor en Ciencias Físicas y grado 5 en Física de Partículas, tenía otras ideas en mente.
En junio de 2008 dio pinceladas de su proyecto. En una charla en la Universidad Católica se salió de la discusión cotidiana de la crisis energética y habló de metas a 2015 y 2025. Llegar al 15% de la matriz energética con renovables no tradicionales como la eólica, biomasa y minihidráulica. Méndez era ambicioso. Proyectaba 500 Mw entre las tres: 300 Mw de eólica, 150 Mw de biomasa y las mini represas otros 50 Mw.
Mientras, la crisis energética volvía a golpear y el gobierno debía comprarle energía a Argentina. Vázquez apuró la discusión nuclear y citó por primera vez a los partidos políticos para discutir “una política de Estado” que definiera el futuro a largo plazo sin importar el color del gobierno.
Las dudas estaban en qué hacer con los residuos nucleares que permanecen radiactivos por miles de años, qué tamaño debía tener una planta nuclear para que la red eléctrica no cayera si sale de funcionamiento, quién manejaría la planta y otras tantas. Para Vázquez la conclusión era positiva y apoyado por la oposición llegó a plantear en setiembre de 2008 que para 2012 estaría operativa una planta de energía nuclear (Búsqueda Nº 1.476).
Poco a poco aparecieron argumentos a favor de las renovables. En junio de 2009 un informe de UTE decía que la energía de viento es cinco veces más eficiente que la del agua. Los mapas de vientos hechos por la Facultad de Ingeniería ponían a Uruguay entre los países con más recursos eólicos.
Con avances menores llegó una nueva campaña electoral. José Mujica fue electo presidente y el Frente Amplio seguía en el poder. Aunque las renovables crecían como alternativa, la nuclear no se descartó hasta 2011. El 11 de marzo de ese año un terremoto de magnitud 9.0 en el océano Pacífico azotó a Japón y derivó en una falla en la planta nuclear de Fukushima; el resultado fue el peor desastre nuclear de la historia junto con el de Chernóbil (Rusia) en 1986.
El impacto en la opinión pública uruguaya terminó con la idea y el camino para las energías renovables quedó allanado. “Se tomó la decisión correcta”, evalúa hoy Méndez, que este año fue elegido una de las 50 personas más influyentes del mundo por su trabajo en energías renovables.

El cambio.

En 2009, cuando fue electo presidente Mujica tenía claro que para atraer inversiones se necesitaba más energía. Y eligió al socialista Roberto Kreimerman como ministro de Industria, un ingeniero químico defensor de las cadenas productivas y del rol activo de las empresas públicas en la economía.
Semanas después de las elecciones, Mujica se reunió con Kreimerman en la sede del Frente Amplio para delinear los principales temas que debería desarrollar la cartera. La energía era el más importante, recuerda a Búsqueda el ex ministro. Mujica sacaba cuentas a mano.
—La mitad de Salto Grande…
Y anotaba.
—Baygorria… Central Batlle… ¿Cuánto necesitamos? —preguntó Mujica.
—Por lo menos un 20% más para estar tranquilos por el riesgo del clima. Y otro 20% de estimar el consumo de hogares e inversiones —respondió Kreimerman.
—¡Ah sí! Cada vez que hay sequía hay que comprarle U$S 600 millones a Argentina.
UTE era clave para Mujica y por eso quería elegir bien al titular del ente. Le llegaron cinco currículums y eligió a Casaravilla, un ingeniero electricista que en 2000, como académico en la Facultad de Ingeniería, había instalado un pequeño aereogenerador en Caracoles (Maldonado), pionero del país. Su misión era clara: llevar adelante la transformación de la matriz eléctrica.
Por aquél entonces apareció sobre la mesa una planta de carbón como alternativa. También se descartó. Esta vez pesó el efecto climático ya que, según Méndez, es una técnica más barata pero más dañina que las renovables. Y demandaba al menos un día entre que se encendía y comenzaba a producir.
Kreimerman, Méndez y Casaravilla coinciden en que un momento clave fue cuando se alcanzó el acuerdo multipartidario en 2010. Decenas de informes y horas de discusión terminaron con una política definida al año 2030. Las conclusiones quedaron en un documento de 14 páginas y 32 puntos, una de las más importantes implicaba que la matriz energética del país tendría el énfasis en las energías renovables.
En el documento se definieron metas a corto, mediano y largo plazo. Para 2015 las renovables debían llegar al 50% de la matriz energética. Se reduciría 15% el petróleo en el transporte, mientras que la eólica, la biomasa y la microhidráulica tenían el desafío de alcanzar el 15% de la matriz eléctrica —300 Mw de eólica y 200 Mw de biomasa—. Las mismas metas que Méndez había planteado en 2008.
El camino se había iniciado antes, en 2007. Allí se hizo un llamado experimental para instalar eólica y biomasa en pequeñas cantidades. Casaravilla recuerda que “fue un dolor de cabeza” porque parte de las obras no se concretaban, como los molinos de eje vertical. Aún así fue un primer paso. De ese llamado nació un parque eólico, propiedad del empresario argentino Alejandro Bulgheroni, los dos de UTE (Caracoles 1 y 2) y otro parque de la empresa Fripur que se inauguró en 2010.
Con esos antecedentes, en 2011 el gobierno hizo un llamado a escala mayor, conocido como Eólica 1, que ofrecía comprar hasta 150 Mw a un precio de U$S 85 el megavatio/hora. “Te decían que había que salir a comprar de frente y mano con ese precio”, recuerda Casaravilla. El mismo año se amplió el llamado por otros 150 Mw.
El gran jugador en ese entonces fue la crisis económica que afectó a Europa arrastrada por la crisis inmobiliaria de Estados Unidos. El viejo continente era el lugar de mayor desarrollo eólico y las empresas privadas que fabricaban las turbinas quedaron sin clientes. Salieron a buscar nuevos interesados en eólica y la respuesta fue Uruguay.
El gobierno de Mujica vio la oportunidad y en 2012 hizo un nuevo llamado, Eólica 2, esta vez a un precio de U$S 63 el megavatio/hora. Hubo más ofertas de las que esperaban las autoridades, lo que permitió al gobierno ampliar la meta de potencia eólica para 2015 de 600 Mw a 1.000 Mw.
Kreimerman asegura que la crisis “facilitó aprovechar la brecha y poder instalar a gran escala”. Casaravilla piensa igual. Y también Méndez, aunque con un matiz: “No me vengan con el viento de cola. Se aprovechó una situación favorable porque teníamos definida una política a largo plazo desde el consumo hasta la demanda, una estabilidad política y un Estado que definió las reglas de juego”. “La pudo usar toda América Latina y mientras la región invertía 0,4% en Uruguay era 3% del PBI”, agregó.
Sin embargo, en 2012 la sequía aún tenía un impacto devastador. Ese año UTE tuvo un sobrecosto de U$S 450 millones y debió traer de apuro en los gigantes aviones rusos Antonov enormes turbinas alquiladas para reforzar la planta de Punta del Tigre en San José. Además, el ente lanzó la campaña “Tu ahorro vale doble” para intentar que la población consumiera menos.
A finales de ese año UTE, junto a la surcoreana Hyundai, acordaron la segunda terminal térmica de ciclo combinado en Punta del Tigre, que aún no está operativa. Además el gobierno abrió una licitación para construir una planta regasificadora en Punta de Sayago, pero la concesión cayó y la actual administración de Tabaré Vázquez analiza cómo seguir adelante con la obra.
Casaravilla asegura que recién en 2014 se sintió tranquilo y que la crisis energética que arrastraba fue controlada. “Ahí visualicé que los desafíos eran otros. Ahora el énfasis estaba en acompañar un año más las inversiones y gestionar de la mejor manera”, explica.

Los números. 

El despacho del presidente de UTE está plagado de mapas. En su escritorio hay pequeñas turbinas de viento, en un esquinero hay otras tres y Casaravilla se ríe al ver su parque eólico en miniatura. Cada vez que se inauguró un parque le dieron un modelo y su oficina es una prueba de los resultados.
En 2012 apenas había 60 Mw de eólica instalados. La inversión desde 2010 alcanzó los U$S 7.000 millones y al iniciar el nuevo período de Vázquez los resultados eran claros. En 2015 ya eran 857 Mw —casi el triple de lo definido como meta en el acuerdo multipartidario— y en 2017 se va a cerrar en 1.502 Mw de eólica. UTE es dueña del 34% entre los 157 Mw que generan sus propios parques —Pampa en Tacuarembó, Juan Pablo Terra en Artigas, Colonia Arias en Florida, Valentines en Treinta y Tres, y Andresito en Flores— y la participación que tiene en los desarrollados por privados.
Este año la generación de energía eléctrica es 55% hidráulica, 22% eólica, 19% biomasa y 1% solar. Incluso, el 16 de julio de 2016 quedará marcado como el día en que hubo 866 Mw de eólica.
La energía solar también creció. En 2013 debutó con la puesta en marcha en Salto de la primera planta solar fotovoltaica (que produce electricidad) y térmica (que genera calor). El aporte era simbólico ya que la obra donada por Japón generaba medio Mw. El gobierno llamó a interesados en instalar hasta 200 Mw de solar que estarán en funcionamiento en 2017.
Así la matriz energética pasó de ser 56% petróleo y derivados en 2006 a 39% en 2015, mientras que la hidráulica de 20% a 14%. La inexistente eólica pasó al 7%, la biomasa al 10% y la solar al 1%. Ese cambio provocó que Uruguay no solo dejara de importar electricidad para cubrir el déficit de producción, sino que comenzara a venderle a Argentina.
Para Méndez esto es resultado de que el país “tuvo una política a largo plazo, algo que nunca se tuvo” y su éxito se refleja en que “más de 70 países en el mundo siguen el modelo Uruguay por su excelencia en eficiencia energética”. Kreimerman le agrega “el apoyo de Mujica hacia las empresas estatales” porque “sin su impulso para que se invirtiera los millones que había que invertir nada de esto sería realidad”. Y Casaravilla suma la necesidad: “Si no hacíamos este shock de inversiones se venía la noche de verdad”.

Palos en la rueda. 

Hoy Casaravilla, Méndez y Kreimerman disfrutan que los resultados le dieron la razón, pero no siempre fue así.
El impulso del Poder Ejecutivo llevó a pasar de dos técnicos a 50 profesionales en la Dirección de Energía. El equipo de expertos se formó y por “defender la soberanía energética” del país, como dice Méndez, recibían salarios altos. Así se evitaba que las empresas privadas los captaran. Sin embargo, uno de los acuerdos salariales entre el Ministerio de Industria y el sindicato de funcionarios públicos (COFE) puso contra la pared al presidente Mujica.
Los aumentos no se otorgaban por decisión del Ministerio de Economía y en mayo de 2014 Kreimerman y Méndez presentaron su renuncia. Kreimerman se lo planteó a Mujica tras un Consejo de Ministros, quien intercedió para que se liberaran los fondos. Finalmente, luego de una semana sin los jerarcas, Economía dio el dinero y ambos retomaron sus puestos.
Casaravilla tuvo sus problemas en la interna de UTE. Los cargos gerenciales fueron los primeros escépticos frente a la incorporación masiva de renovables. Y el abrir la cancha a inversiones privadas tampoco era bien visto. El presidente del ente reconoce que “demoró un tiempo convencer que era más conveniente la eólica”, pero “los números lo lograron”. “Se venía de apenas U$S 280 millones invertidos entre 2000 y 2004, en el primer gobierno del Frente pasó a U$S 750 millones porque se nos venía la noche y en los siguientes cinco años trepó a U$S 1.700 millones. Ese optimismo caló hondo en la empresa”, agrega.
Méndez es más categórico y asegura que la gerencia del ente en 2007 quería “una presencia simbólica” de las renovables que no superaran el 10% y advertía que el precio era muy caro. “El resultado es que redujimos U$S 500 millones los costos de producir energía”, dice.

Futuro eléctrico. 

De depender de la compra a Argentina o Brasil, UTE proyecta al país como un hub regional que venda energía y además que sea el nexo en la comercialización entre los grandes vecinos cobrándole un peaje.
Eso se dará cuando se cierre el anillo de alta tensión de 500 kilovatios con la construcción de una línea que una Salto Grande con Montevideo a través de Tacuarembó y Melo, y así garantizar el suministro que hoy dan las dos líneas de Salto y Palmar a Montevideo por el litoral oeste del país.
Reducir la tarifa es otro de los objetivos. Méndez se lamenta por no haber podido trasladar todo lo que hubiese querido los beneficios de la reducción de costos a las tarifas. Ese fue otro tire y afloje con Economía, que utilizó las tarifas como mecanismo de regulación de la inflación. Aún así Méndez dice que en relación a los salarios las tarifas se redujeron 35% de 2010 a la fecha. Casaravilla va más allá y asegura que la población paga una tarifa “más barata que antes” y que sin el cambio de matriz “habría que explicar por qué saldría un 40% más cara”. “Esa parte nadie la imagina, pero es así”.
Al mismo tiempo, el objetivo pasa por atacar el rubro que más petróleo consume y encaminarlo hacia la energía eléctrica: el transporte. Hay en funcionamiento cuatro taxímetros eléctricos y UTE subirá la cifra a 25. Casaravilla ve “una oportunidad histórica” para que el transporte pase a depender de energía eléctrica. Méndez, desde su nuevo rol como asesor del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, encabeza la cruzada por lograr ómnibus eléctricos. Y hacia ahí quieren dirigir los futuros pasos de Uruguay.

29 de septiembre de 2016

Revelado el contrato firmado entre ANCAP y TOTAL

A la opinión pública:
PUNTOS EN CUESTIÓN  DEL CONTRATO PETROLERO ENTRE ANCAP Y LA FRANCESA TOTAL

 Una definición general de los hidrocarburos que se buscan que incluye a los no convencionales, con lo cual se abre la posibilidad de utilizar el FRACKING, única tecnología para explotarlos.
 Se habilita en los posibles litigios recurrir al arbitraje según las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, lo cual contraría las disposiciones del Código de Minería de nuestro país.

Por decisión judicial, ANCAP entregó a Uruguay Libre una copia del contrato firmado con  TOTAL E&P URUGUAY” para la exploración y explotación de hidrocarburos en la denominada Área 14 de nuestra plataforma continental.
Constatamos que este contrato mantiene la inclusión de hidrocarburos no convencionales como posibles objetos de explotación, algo ya visto en contratos anteriores como el firmado con la empresa estadounidense Schuepbach. Se abre así la posibilidad de utilizar el fracturamiento hidráulico ('fracking'), única tecnología disponible para su eventual explotación.

El contrato incluye además, en la Cláusula 29, una disposición contraria al Código de Minería (Decreto Ley 14252) del Uruguay pues, específicamente, habilita la resolución de controversias en un tribunal de acuerdo con las reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), lo que sería causa de nulidad del contrato.

El Artículo 19 de nuestro Código de Minería (Decreto Ley 14252) dice textualmente:

La actividad minera, cualesquiera sea su modalidad, y todas las controversias, reclamaciones y peticiones, referidas a la misma, quedan sometidas, sin excepción alguna, a la legislación y jurisdicción de  la República Oriental del Uruguay. Todo pacto o convenio en contrario es nulo. Esta disposición es de orden público y será incluida obligatoriamente en todos los contratos que otorguen derechos mineros

Este contrato, firmado en octubre de 2012, es posterior a las acciones judiciales de nuestro movimiento para acceder al firmado en 2009 con Schuepbach para la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Norte del país. En el mismo se advierte alguna mejora respecto a los anteriores, ya que en ese la obtención de los permisos ambiéntales es responsabilidad de ANCAP y en este sólo se obliga a asistir y cooperar” con el contratista en su obtención. (Punto 7.3.5)

Desde Uruguay Libre, junto con otras organizaciones sociales, propugnamos la sanción de una ley nacional que prohiba el 'fracking' en el país y, por esa razón, seguiremos atentos a los compromisos que han sido asumidos por el gobierno nacional con empresas petroleras extranjeras interesadas en la posible explotación de nuestros recursos. 28/9/2016




http://www.uruguaylibre.org/

14 de julio de 2016

Prohibiendo el FRACKING en Uruguay

Ya he escrito en este blog como hoy lo único racional respecto al Fracking es prohibirlo.

Es nuestro deber hacia las futuras generaciones, para conservar nuestros acuíferos, pero no es lo único que debemos hacer en ese sentido ya que otras formas de contaminación, degradación e incluso sobre explotación amenazan su existencia.

Igualmente, como el movimiento se demuestra anadando, la prohibición del Fracking es una buen forma de comenzar.

Nota del Semanario Búsqueda
El oficialismo y la oposición están de acuerdo en prohibir por ley la técnica del fracking para explotar hidrocarburos
Nº1875 - 14 al 20 de Julio de 2016
Un mes atrás el presidente de la Cámara de Representantes, el nacionalista Gerardo Amarilla, presentó ante la Comisión de Industria, Energía y Minería un informe explicando por qué se debía votar su proyecto de ley. Se trata de una norma que de aprobarse prohibirá la exploración y/o explotación de hidrocarburos mediante la técnica de fractura hidráulica, más conocida como fracking.

El fracking le sirvió a Estados Unidos para librarse de la dependencia petrolera en los últimos años. Pero su técnica es muy violenta y sus efectos sobre el medioambiente han sido cuestionados una y otra vez. La práctica consiste en inyectar un fluido a alta presión en un yacimiento que contiene hidrocarburos no convencionales. La roca se fractura y libera el gas o petróleo que esté atrapado en ella. En algunos estados norteamericanos hay investigaciones que asocian el fracking con la ocurrencia de terremotos.

El proyecto redactado por Amarilla tiene un único artículo que prohíbe la técnica en todo el país, aun cuando haya permisos otorgados a empresas. A su juicio, el fracking viola el artículo 47 de la Constitución, que coloca al Estado como garante de la protección del medio ambiente. El legislador enumeró los daños principales de usar esa metodología: la afectación del agua, la producción de residuos tóxicos y el riesgo de eventos sísmicos (Búsqueda N° 1.870).

La semana pasada la Comisión parlamentaria comenzó a tratar el proyecto, donde tanto legisladores de la oposición como del oficialismo se mostraron a favor de prohibir la técnica. El presidente de la comisión, el colorado Walter Verri, dijo en la sesión del miércoles 6 que va a “luchar fuertemente” para aprobar la ley. El Partido Colorado se opone al fracking y años atrás presentó un proyecto ante la Cámara de Senadores para prohibirlo, pero todavía no ha sido tratado. Ahora Verri lo presentó en Diputados para que la comisión estudie las diferentes alternativas y pueda llegar a un proyecto de síntesis.

En filas del Frente Amplio es donde se vislumbra el cambio. Antes no se hablaba de fracking, ahora el propio presidente Tabaré Vázquez y la ministra de Industria, Carolina Cosse, han explicitado su rechazo a la técnica. Vázquez manifestó en más de una oportunidad que “no va a haber fracking en Uruguay” (Búsqueda N° 1.865).

El diputado del Frente Amplio Carlos Varela (Asamblea Uruguay), integrante de la comisión que trata el proyecto, quiere prohibirlo. “Estoy en contra del fracking, no porque lo satanice, sino porque prevengo”, dijo durante la sesión. Agregó que si en el futuro se pudiera comprobar que el fracking es seguro, se podrá levantar la prohibición. Y puso como ejemplo la negativa a tener energía nuclear. “No negamos que en el futuro la podamos tener. Actualmente, consideramos que no es apropiada”, dijo.

Varela enfatizó en que se debe contar con “una legislación que sea preventiva” porque “si no hay un marco legal ajustado se puede empezar a firmar contratos internacionales que se sabe lo que puede costar al país”. “Ya nos pasó con la minería. Uruguay no estaba preparado para el supuesto volumen de explotación minera que aparentemente podíamos tener. Nos encontramos con que nuestra legislación era absolutamente inadecuada y anticuada. Tuvimos la ‘fortuna’ de que los proyectos mineros que se estaban desarrollando se enlentecieran o se detuvieran. Si hubieran avanzado se habrían hecho sobre un marco legal absolutamente irregular o inexistente”, dijo.

Por otra parte, el diputado Eduardo Rubio, de Unidad Popular, acompaña el proyecto de Amarilla. En diálogo con Búsqueda el legislador dijo que en la reunión entre el presidente y los partidos políticos para elaborar un marco que regule la explotación de hidrocarburos, planteó que se apruebe la prohibición.

Oposición social. 

Consejo de Ministros en Piedras Coloradas (Paysandú)
La semana pasada asistieron a la comisión representantes del movimiento Uruguay Libre, que se opone al fracking. El meteorólogo Raúl Viñas dijo que “en el mundo no hay ninguna prueba de que sea una técnica segura y menos que sea inocua para el ambiente” y advirtió acerca del impacto dañino que tendría sobre los acuíferos del país.

Mencionó dos casos de países europeos donde sus gobiernos tomaron medidas sobre esta tecnología. Alemania días atrás prohibió su implementación y obligó a los empresarios a que paralicen sus operaciones. Y citó el caso de Francia, donde trabajaba la empresa Shuepbach, la misma cuya filial Shuepbach Energy Uruguay SRL realiza estudios en territorio uruguayo. Allí se prohibió el fracking y la empresa le inició una demanda al Estado y perdió.

Por eso pidió que el Parlamento tome medidas y siente un precedente con las reglas claras: que el fracking esté prohibido por ley.

Ayer miércoles en la comisión expusieron la ex directora de la Dirección de Minería y Geología Leda Sánchez, por el Instituto de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, y miembros de la Sociedad Uruguaya de Geología.
Departamentos con resoluciones prohibiendo el Fracking

20 de junio de 2016

Yo ajusto, El ajusta, Nosotros ajustamos, Ellos ……..EXONERAN



La extracción de ORO en Uruguay termina no pagando impuestos
 
En estos últimos tiempos las necesidades presupuestales han llevado a plantear para la próxima rendición de cuentas una “adecuación fiscal”, con incrementos de algunos impuestos a fin de obtener más recursos para el estado.

A pesar de ello y del reconocimiento de las dificultades económicas, algunas actividades logran del gobierno exoneraciones y reintegros impositivos que aunque entendibles en algunos casos, son al menos difíciles de justificar en otros.

Veamos el caso de la extracción de oro por parte del grupo económico de Orosur. En este caso el bien objeto de explotación, oro, es por mandato legal propiedad del estado (1)

La empresa autorizada a explotarlo lo extrae y lo exporta, vendiéndolo en su provecho lo que supone como contraprestación el pago de un Canon al estado que la ley fija en 5% del valor facturado al exportarlo en condiciones FOB (Free On Board). De ese 5%, 3% va para el estado y el restante 2% se destina al pago al superficiario, que en algunos casos es la propia empresa minera.

En el caso de la extracción de oro por parte de Loryser SA, esta se hace tanto en la modalidad a cielo abierto como en galerías o túneles, laterales a los pozos realizados a cielo abierto. Esta actividad centralizada en la zona de Minas de Corrales se ha extendido a minas satélites en sitios tan lejanos como el arroyo Chamamé en Florida (Mina Crucera), que terminan como canteras abandonadas en pocos meses.

Como resultado de esa actividad la empresa vende una aleación de oro y plata denominada “Doré” y que se exporta como ”Oro no monetario de origen y producción nacional” (NCM 7108129010). Ese producto debe luego ser refinado para ingresar al mercado como materia prima básica (Commodity).

En el últimos 12 meses las exportaciones fueron de 2125 kilos de Doré por un valor de 43 millones de dólares, en 27 envíos aéreos con destino a Suiza. Ese material se exportó con valores entre 62 y 44% del valor de la Onza Troy en la fecha de la exportación, lo que debiera indicar el porcentaje de oro presente en el lingote.

En su reporte de operación de abril de este año (2) la empresa declara que sus costos de extracción son de US$ 978 por onza de oro. Esos costos considerados como AISC incluyen de acuerdo con las directivas del “World Gold Council” incluso los costos de exploraciones y de recuperación futura.(3)

El mismo reporte (2) indica un valor promedio de ventas de US$ 1143 y una ganancia en el trimestre Diciembre 2015 a Febrero 2016 de 3.1 millones de dólares. El mes pasado incluso se incrementó la perspectiva del valor de las acciones de la empresa según reporta proactiveinvestor.co.uk (4)

El reporte de setiembre de 2015 (5) indica como la empresa redujo en 40 % su personal en ese año fiscal como parte de su política de reducción de costos.

Aún con esas medidas la empresa solicitó en setiembre de 2015 que se le exonerara del pago del canon semestral que debía pagar ese mes y que esa condición se extendiera por cinco años.

El gobierno accede por resolución del Ministerio de Industria Energía y Minería del 28 de diciembre de 2015 a exonerar el canon por un año a dos de las seis minas solicitadas.

Al exonerar del pago del Canon, no queda para el Uruguay contrapartida alguna por el mineral que se extrae de esos yacimientos.

A la renuncia impositiva por la exoneración del canon, se le suma la devolución de los impuestos pagados en la exportación desde 2009 y su exoneración al considerar el proceso extractivo del oro como un proceso “industrial”

Separar 1 o 2 gramos de oro de una tonelada de roca y fundirlo en doré no es evidentemente mas que llevar el mineral a las condiciones mínimas del mercado. Evidentemente no existe un mercado para rocas con 1 o 2 partes por millón de oro, así como no existe un mercado para plantas de trigo completas y es necesario separar el grano para poder ingresarlas al mercado.

La cosecha del trigo no es industria, así como no lo es la separación del oro de la roca que lo contiene. 

Por otra parte llama la atención que amparado en el mismo régimen de promoción industrial, mas del 50% de los insumos y materiales utilizados en la extracción del oro, en especial el cianuro de sodio, ingresan al país sin pago de impuestos en la modalidad de “Admisión Temporaria”.

Ese régimen que se aplica “para actividades industriales sin tributos para reexportar en mismo estado o con agregado de valor”, (6) es muy difícil de pensar como se aplica al Cianuro que termina quedando en nuestro país.

Siguiendo con las comparaciones agronómicas sería como se ingresaran por ese régimen los fertilizantes que utiliza la agricultura.

Esas renuncias impositivas en un tiempo en que se incrementan impuestos en otros sectores y que termina regalando un recurso finito como es el oro se realizó además sin que la empresa, en lo que es de público conocimiento, haga nada a cambio.

Entre otras cosas se podría hacer una mejora del proceso extractivo a base de cianuro de sodio del que la empresa importa en promedio 500 toneladas anuales o el reingreso a la plantilla de los trabajadores en seguro de paro y despedidos.

El único fin visible de las importantes renuncias fiscales sería el mantener abierta una operación sin futuro que explota para sí un recurso de todos.

Pensando como país y a largo plazo cabe preguntarse si no debiera revisarse las exoneraciones impositivas y pensar sobre en que nos beneficia la operativa extractiva que se realiza hoy dejando casi el 90% del material extraído en pilas de estériles y el otro 10% en represas de relaves que contienen compuestos cianurados para exportar un commodity sin procesamiento ni agregado de valor nacional.

(1)   Decreto Ley 15242 Art.4